En una entrevista con ONU México, Michel Forst afirmó que la impunidad y la falta de voluntad política son los principales obstáculos que afronta el Gobierno mexicano en este terreno.
“La tasa de impunidad es muy alta. Hablamos de casi un 100% de impunidad. Esto muestra que algo no está funcionando en el sistema legal, en el Estado de derecho y en la aplicación de la justicia. Hay que trabajar en la cuestión de la impunidad”, dijo Forst.
El relator concluyó este martes su primera visita oficial al país, realizada a petición del Gobierno de México. Durante su misión de nueve días, viajó a los estados de Chihuahua, Guerrero y Oaxaca y se reunió con 600 defensores de derechos humanos de 20 estados.
Forst indicó que en todas sus reuniones el diagnóstico fue el mismo, independientemente del estado en el que residen los activistas.
“La evaluación es bastante difícil y terrible. Hay ataques contra ellos en todos los niveles. Primero -y es lo más alarmante para mí- son las campañas de difamación contra los defensores que parecen ser, a veces, organizadas. Los llaman ‘ecoterroristas’, dicen que están vinculados al narcotráfico y al crimen organizado, los acusan de recibir fondos extranjeros. Eso es de parte de los oficiales y es importante de decirlo. Lo que esperamos de los oficiales es una campaña de reconocimiento del trabajo realizado por los defensores”, explicó.
El relator comentó que los activistas de derechos humanos no son enemigos del Estado, sino agentes de desarrollo, que protegen a los más pobres, a las comunidades indígenas y del LGBTI, así como los derechos sexuales y reproductivos.
“Son agentes positivos que tratan de impulsar un cambio en el Estado y se enfrentan a campañas de difamación a todos los niveles”, relató.
Señaló que las personas más vulnerables, particularmente las comunidades indígenas, son las más amenazadas.
“Vemos las empresas internacionales, canadienses y otras tomar el terreno, comprar bosques, lagos, ríos, escavar el subsuelo sin consultar a la población afectada, aunque el derecho internacional establece que se debe convocar una consulta formal. No hay protocolo formal que garantice que las comunidades afectadas sean consultadas. Por lo tanto, se producen ataques, asesinatos, secuestros, desapariciones de integrantes de la población indígena…”.
El caso de Isidro Baldenegro
Al inicio de la visita de Michel Forst a México se informó del asesinato del líder ambientalista de la comunidad indígena mexicana rarámuri Isidro Baldenegro López.
Michel Forst comparó este asesinato con el de Berta Cárceres, líder ambientalista hondureña que fue asesinada en marzo de 2016 después de numerosos años recibiendo amenazas de muerte.
“El asesinato de Isidro es un símbolo, así como lo fue el de Berta Cáceres en Honduras y los ataques a aquellos que representan los derechos humanos en diferentes cuestiones, como el medio ambiente, es un símbolo de que algo va mal en el país y el Estado tiene el deber de proteger a los defensores”, afirmó antes de añadir que proteger a todos los ciudadanos es el primer deber del Estado.
“Si el Estado no es capaz de proteger a símbolos como Isidro, eso envía la señal de que la impunidad es regla y, si puedes atacar símbolos, entonces puedes atacar a los más pobres de los pobres. Vimos los ataques a indígenas como Isidro o Berta Cáceres que luchaban por proteger su tierra, sus ríos, sus lagos y que se enfrentaban al poder de compañías que no los consultan”, expuso.
Implicación del Ejército
Michel Forst confesó que lo que más le llamó la atención durante su visita a México es el gran número de casos en los que se mencionan la implicación del Ejército, lo cual representa para él una señal importante y preocupante.
“El Ejército debe quedarse en los cuarteles. Puede intervenir en los casos de estado de emergencia, pero darle al Ejército la responsabilidad de mantener el orden público, es decir, el rol de la policía, me parece peligroso. Me preocupa también que haya un proyecto de ley sobre la seguridad nacional que autorizaría oficialmente al Ejército tomar las calles y jugar el papel de policía nacional, lo cual me parece peligroso”, declaró.
Falta de voluntad política
El principal reto que tiene México es la falta de voluntad política para combatir la impunidad y el relator de la ONU se lo comentó a las autoridades mexicanas.
“Si no hay voluntad política al más alto nivel del Estado, esto [la impunidad] no va a cambiar porque la población, el Ejército, la policía en todos los niveles y la justicia no emprenderán la voluntad de cambio. Como la impunidad es la norma, si no sienten que haya una voluntad de atacarse a la impunidad desde el más alto nivel del Estado, nada cambiará”, subrayó.
No obstante, tras su reunión con el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, Michel Forst destacó el compromiso del Gobierno mexicano de reconocer públicamente el rol positivo de los defensores para luchar contra la impunidad.
“Esto es una señal y esta señal debe ahora traspasarse hacia los otros niveles del Estado, que la justicia se ponga en marcha, que los estados lo adopten a nivel local. Si continúa la impunidad en los estados, no habrá reparación y los defensores siempre serán atacados”, señaló.
Argumentó que existe una relación entre la impunidad y la corrupción y el crimen organizado, por lo que esta batalla debe llevarse a cabo en todos los niveles de Gobierno y de la sociedad.
“Si no llevamos esta batalla contra la corrupción, el crimen organizado y el lavado de dinero, tendremos una lucha mediocre contra la impunidad porque sabemos que la justicia está confrontada a la corrupción y al lavado de dinero. Son lazos que pueden existir entre ciertas redes mafiosas y la justicia de los países, entonces es una lucha que se tiene que llevar a cabo en todos los niveles”, explicó.
También indicó que los principales actores deben sentarse en la mesa y consultar a los defensores que tienen soluciones que proponer para combatir este fenómeno.
Avances
Michel Forst señaló que hay importantes avances y progresos en materia de derechos humanos y la protección de los defensores, especialmente en el plan legal.
Primero, los cambios en la Constitución mexicana permiten a las leyes nacionales estar conforme con las leyes internacionales, lo que impulsó la adopción de varias legislaciones sobre la protección de los defensores.
“El simple hecho de que el Parlamento haya adoptado una ley sobre los defensores es para mí una señal de que el Gobierno reconoce que había un problema y luego se decidió poner en marcha un mecanismo para la protección de los periodistas y defensores. Ésta es la segunda etapa. Se reconoce que hay una necesidad de protección y se crea un mecanismo para ello. Hay una voluntad del Gobierno y es positivo porque es desarrollado por el Gobierno”, dijo el Relator.
Además se creó una Comisión sobre el Derecho de las Víctimas que permite la reparación.
“Hay señales positivas en el marco legal sobre la protección de los defensores”, concluyó.
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