En una sesión llevada a cabo hoy, 8 de octubre, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió, por mayoría, abrir una investigación y formular cargos contra la campaña presidencial de la Coalición Pacto Histórico, tanto de primera como de segunda vuelta.
Los implicados en esta decisión son Gustavo Francisco Petro Urrego, candidato; Ricardo Roa Barragán, gerente de campaña; Lucy Aydee Mogollón Alfonso, tesorera; y los auditores María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez. También están involucrados el Movimiento Político Colombia Humana y el Partido Político Unión Patriótica (UP).
La investigación se centra en la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales. En la campaña de primera vuelta, se acusa a los mencionados de exceder el límite de gastos en un total de $3.709.361.342. Entre las faltas específicas señaladas se encuentran la omisión de reportes de aportes y gastos significativos, incluyendo:
- Un aporte de $500.000.000 por parte de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE).
- Un préstamo de $500.000.000 del Partido Polo Democrático Alternativo.
- Pagos a testigos electorales por $931.290.000.
- Gastos en propaganda electoral por $356.102.872.
- Pagos desde la campaña al Senado 2022 de la Coalición Pacto Histórico por $202.471.731.
- Ingresos y gastos en servicio de transporte aéreo por $1.249.793.230.
- Aportes de la Unión Sindical Obrera (USO) por $121.544.000.
- Además, se les acusa de recibir financiación prohibida de personas jurídicas como FECODE, Ingenial Media S.A.S., y USO.
Para la segunda vuelta, se les formula cargos por la presunta vulneración al límite de gastos por $1.646.386.773, incluyendo omisiones de reportes de gastos por el evento en Movistar Arena, pagos a testigos electorales, servicios de transporte aéreo y otros pagos realizados por el Movimiento Político Colombia Humana.
El Movimiento Político Colombia Humana y el Partido Político Unión Patriótica (UP) también enfrentan cargos por presuntamente permitir la financiación de la campaña con fuentes prohibidas y no cumplir con las obligaciones de diligencia en la aplicación de las disposiciones constitucionales y legales sobre financiación de organizaciones políticas.
Las magistradas Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez salvaron su voto, manifestando su desacuerdo con la decisión mayoritaria.
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